El rodaje comenzó hace unos meses y su estreno será en 2019. Para este año también se viene otra de terror. Mirá el adelanto.

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«Ámbito propicio». «Negocio del agua». «Zona liberada». Estas frases aparecen en la causa por la tragedia de la Time Warp, ocurrida el 16 de abril de 2016, hace exactamente hoy dos años y que marcó a fuego a la escena electrónica nacional.

Ese viernes cinco jóvenes murieron durante la primera jornada del festival que se desarrollaba en Costa Salguero, un mega salón ubicado en la Costanera de la Ciudad de Buenos Aires:  Francisco Bertotti, Nicolás Becerra, Andrés Valdez, Martín Bazzano y Bruno Boni. Otros cinco jóvenes -Leandro Espinoza, Micaela Polivoy, Nicolás Laitán, Damián Sedeillán y Nicolás Garzón- quedaron internados en estado crítico.

Veinticuatro meses después, la causa quedó estancada tras un escalado avance inicial que involucró la imputación de empresarios, efectivos de fuerzas de seguridad y hasta funcionarios del gobierno porteño. Y ese fue el puntapié para que en el medio de la investigación se recusaran al juez y al fiscal.

Paso a paso de la causa

Los primeros en tomar el caso fueron el fiscal federal Federico Delgado y el juez federal Sebastián Casanello. Más de 150 testimoniales, cientos de allanamientos, pruebas e indagatorias. Todo eso marcó la primera parte de la investigación, apenas ocurrida la tragedia.

La línea que siguió la Justicia estaba encaminada hacia todo un montaje para hacer negocio dentro de la fiesta y que cuya red incluía a los organizadores, efectivos de la Prefectura e inspectores gubernamentales. ¿El objetivo? Según la causa, dejar que dentro del predio ingresen dealers para vender las sustancias, que derivara en mayor venta de agua.

De paso, como se sabe, las canillas de los baños se encontraban cerradas, por lo que la única opción era comprar una botella de agua cuyo valor rondaban los 100 pesos. Faltaba ventilación, socorristas, médicos y bomberos. Dentro de Costa Salguero habían 20.153 personas cuando la habilitación sólo permitía 13 mil.

Victor Stinfale
Víctor Stinfale, socio fundador de Energy Group y Dell Producciones, es el principal imputado.

«Comercio de estupefacientes y abandono agravado de persona seguido de muerte» es la imputación por las que fueron procesadas y detenidas seis personas. Uno de ellos es el empresario y abogado Víctor Stinfale, socio en Energy GroupDell Producciones. La primera empresa es la fabricante de la marca de agua Block y el energizante Speed (que se vendían esa noche), mientras que la segunda fue la productora del evento.

También cayeron Adrián Conci, presidente de Dell; el apoderado de la empresa, Maximiliano Ávila; el coordinador de logística, Carlos Garat; el encargado de seguridad, Carlos Nicodemo Penise; y el representante Martín Gontad.

Tras presentarse un recurso en la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, la imputación bajó a «facilitación de lugar para comercialización de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas». Por esto, los acusados dejaron la prisión y se entregaron Walter Santángelo, gerente de Energy, y Facundo González, presidente de Multiticket, empresa contratada por Dell.

En la imputación de Casanello cayeron también seis inspectores de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires: Claudio IacobaccioFernán García VásquezPablo FontanelasGustavo HermsNéstor Cella. De los cargos por comercialización de estupefacientes, abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público, la misma Cámara de Apelaciones solo dio lugar a la última imputación.

Bajo la misma caratula también fueron procesados veinticinco efectivos de la Prefectura y se sumó la de «dejar de promover la persecución penal». La Cámara también confirmó esta imputación y la de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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En la causa también figura la quema de documentos que comprometían a los organizadores.

El gran retroceso

Víctor Stinfale estuvo preso durante setenta días: veinte en Marcos Paz y otros cincuenta con domiciliaria. «El que se lo va a ‘cargar’ a Delgado es Víctor Stinfale. ¿Qué es ‘cargar’? Sacarlo de la Justicia. Lo voy a sacar por la puerta de costado. La Cámara le pega terrible cachetazo de muerte. Este tipo es un mentiroso y fue durante 345 días un mentiroso serial. Es fiscal federal y quiero contar los días que va a ser fiscal federal. Es el fiscal más mitómano de todos», dijo Stinfale en el programa Animales Sueltos, de Alejandro Fantino, en marzo de 2017.

En dos ocasiones, el juez Casanello rechazó los más de diez pedidos de los defensores del socio fundador de Speed para apartar a Delgado. Así, Stinfale apeló ante la Sala II de la Cámara Federal, que es superior a la competencia del magistrado y el fiscal.

Así, a los pocos días de la amenaza pública, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah resolvieron apartar al fiscal Delgado de la causa por considerar que había “desinterés” de su parte por “el descubrimiento de la verdad objetiva”.

En agosto último, la defensa de Adrián Conci, la persona que esa misma noche sabía que había siete mil personas de más en el predio de Time Warp, logró que apartaran al juez que conducía la causa. ¿La decisión? Cortesía, otra vez, de la Cámara Federal a cargo de Irurzun y Farah.

Con esto, la causa judicial se estancó y dos años después no hay avances concretos. Ahora el fiscal es Ramiro González y el juez, Marcelo Martínez Di Giorgi.

Dudas en las autopsias

«Queremos saber de qué murieron los chicos», dijo a Clarín un familiar de Franco Bertotti, una de las víctimas fatales. «No confiamos en el informe de toxicología. Nos dijeron que el 90% de los chicos se había tomado alguna pastillita, tendrían que estar todos muertos entonces, pero acá hubo algo más. No buscamos venganza, queremos saber la verdad”, agregó.

En la causa faltan algunos testimonios que fueron pedidos por la defensa de las familias de las víctimas que alcanza a empleados y otros asistentes. Pero también falta algo crucial: el informe toxicológico del Cuerpo Médico Forense como contraprueba sobre qué consumieron los jóvenes.

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De izquierda a derecha: Andrés Valdéz, Francisco Bertotti, Nicolás Becerra, Bruno Boni y Martín Bazzano, los cinco muertos de Time Warp (Clarín)

Alejandro Amor, de la Defensoría del Pueblo y quien asesora a las familias, dijo que se debió impugnar la pericia oficial porque no coincidían y el firmante del documento se contradijo en una audiencia, por lo que fue imputado por falso testimonio.

La autopsia que confirmará el resultado de las muertes fue solicitada hace tiempo, pero debió comprarse un cromatógrafo ya que el anterior se rompió y se tuvo que licitar la compra de uno nuevo en el extranjero, que ya está en el país y calibrándose.

Esto podría dar un punto certero sobre qué pasó esa noche, a la espera de que avance una causa que dos años después sigue estancada. Por impericia, por negligencia o por que alguien ejerce más peso que la propia Justicia.