Ya pasaron cinco años de la tragedia en Costa Salguero, mientras se hacía la primera noche del festival Time Warp. Hoy, faltan concretar algunos pasos para el inicio del juicio oral y público.

Cinco años después, la tragedia de la Time Warp sigue sin tener resolución judicial. Y las cinco familias que esa noche perdieron a uno de los suyos siguen esperando a que llegue esa tal justicia por Francisco BertottiNicolás BecerraAndrés ValdezMartín Bazzano y Bruno Boni.

De gran impacto mediático por esas semanas, con fuertes discursos estigmatizantes para con las víctimas, y que hasta incluyó un desfile de poderosos abogados, empresarios y funcionarios por las cámaras; ahora el expediente espera dar sus próximos pasos.

De izquierda a derecha: Andrés Valdéz, Francisco Bertotti, Nicolás Becerra, Bruno Boni y Martín Bazzano, las víctimas esa noche (Clarín)

El estado del expediente

Actualmente, la causa está en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien tiene en su fuero fojas resonantes como el atentado de la AMIA y el reciente escándalo de las vacunas que derivó en la renuncia del Ministro de Salud, Ginés González García.

La etapa de investigación por la tragedia en Costa Salguero ya está terminada y las partes intervinientes están notificadas para exponer sus puntos de vista antes de formalizar el pedido de elevar el caso a un juicio oral y público.

En total, son diez los imputados, entre empresarios y funcionarios públicos. Uno de los nombres más resonantes en su momento no está en la causa: el de Víctor Stinfale.

Stinfale fue sindicado como socio fundador de la productora que bajó la franquicia a la Argentina y a la vez dueño de la fábrica de aguas Block y energizantes Speed. Fue sobreseído en marzo de 2020 y en junio de ese año se confirmó la decisión. Su socio Walter Santángelo también fue desligado en la investigación y la jueza dio «por probado» que ambos «no estuvieron vinculados a la organización del evento».

Victor Stinfale fue uno de los imputados de la causa: la justicia determinó que con su socio no tuvieron responsabilidades en la tragedia.

«Es sorpresivo y, a la vez, una vergüenza. En ningún momento estuvo en duda que Stinfale y Santángelo participaron en la organización del evento. Hay pruebas de eso”, le dijo en su momento a Clarín Laura Orellano, mamá de Nicolás Becerra, uno de los fallecidos. Y agregó: “Me enteré hace un rato, es sumamente doloroso. Nosotros queremos que se sepa la verdad y que se haga justicia. Lamento lo que hizo esta jueza«.

Las familias piden contrapruebas

Las querellas insisten en realizar nuevas pericias sobre los exámenes toxicológicos, donde se determinó que los fallecimientos se dieron producto de una «ingesta de estupefacientes».

Pero eso no es determinante para las familias de las víctimas: aseguran que hubo irregularidades en el traslado de las pruebas y que no hay información clara sobre el tipo de sustancia consumida y si las cantidades consumidas fueron realmente altas, como para derivar en tal desenlace.

También cabe mencionar que en 2017 un perito fue imputado de falso testimonio por inconsistencias entre el informe forense y lo declarado en la audiencia.

En 2019, el periodista Manu Jove publicó el libro «El éxtasis del poder», donde nos guía a entender el rol de cada responsable de la tragedia, rebatir discursos sociales, y rescatar las historias de vida de los cinco jóvenes que perdieron la vida, que fueron revictimizados y responsabilizados por los discursos estigmatizantes en los medios de comunicación.

«Éxtasis del poder», el libro del periodista Manu Jove.

Los imputados, uno por uno

En la causa siguen imputados Adrián Conci, presidente de Dell Producciones -organizadora-; los empleados Maximiliano Ávila, Carlos Garat, Carlos Penise y Martín Gontad.

También cinco funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como partícipes necesarios del delito de «comercio de estupefacientes, agravado, y coautores de los delitos de abandono de persona seguido de lesiones y muerte y de incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Además, se imputaron al gerente operativo de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, Claudio Alberto Iacobaccio; al coordinador Fernán García Vázquez y a los inspectores Pablo Germán Fontanellas, Gustavo Alberto Herms y Néstor Ricardo Cella.