Tres años pasaron desde la tragedia. La Justicia tuvo pocos avances y faltan pericias claves. El poder de los empresarios acusados y la demonización mediática de la que todavía nos cuesta despegarnos.

Los avances en la causa por la tragedia en la Time Warp siguen siendo lentos. Falta una pericia clave: la toxicológica, por la que la Justicia debió licitar un aparto en Japón. Lo que pasó hace exactamente tres años en Costa Salguero durante la primera noche de la Time Warp fue el detonante de una escalada de demonización, estigmatización y prohibicionismo sobre la escena electrónica del país.

La trágica noche de ese 16 de abril de 2016 fallecieron Francisco Bertotti, Nicolás Becerra, Andrés Valdez, Martín Bazzano y Bruno Boni; y otrxs cinco jóvenes -Leandro Espinoza, Micaela Polivoy, Nicolás Laitán, Damián Sedeillán y Nicolás Garzón- quedaron internadxs en estado crítico.

La primera acción de la Justicia: prohibir cualquier evento de música electrónica en Buenos Aires, después investigar. Medida que por el revuelo que generó debieron retrotraer. Los primeros en tomar el caso fueron el fiscal federal Federico Delgado y el juez federal Sebastián Casanello. En primera instancia se realizaron más de 150 testimoniales, cientos de allanamientos, pruebas e indagatorias. Todo eso marcó la primera parte de la investigación, apenas ocurrida la tragedia.

La línea que siguió la Justicia estaba encaminada hacia todo un montaje para hacer negocio dentro de la fiesta y que cuya red incluía a los organizadores, efectivos de la Prefectura e inspectores gubernamentales. ¿El objetivo? Según la causa, dejar que dentro del predio ingresen dealers para vender las sustancias, que derivó en mayor venta de agua. Mientras las canillas se encontraban cerradas, una botella de la marca “Block” costaba esa noche $100.

No es casual mencionar la marca: Víctor Stinfale, uno de los organizadores, es el socio fundador de Energy Control, quien además de fabricar este agua también comercializa el energizante Speed; y de Dell Producciones, quien organizó el evento. Stinfale es el imputado “estrella” de la causa por “comercio de estupefacientes y abandono agravado de persona seguido de muerte” junto a cinco personas más.

¿Por qué “estrella”? Porque además de ser la cara visible de la organización, fue quien además a través de recusaciones y apelaciones, que derivaron en el apartamiento de Delgado y Casanello, logró que la causa judicial retrocediera más pasos de los que se dieron. Incluso, en marzo de 2017 dijo pública e impunemente que a Delgado “se lo iban a cargar”. Lo hizo ante las cámaras de televisión, en el programa Animales Sueltos que conduce Alejandro Fantino en América.

Víctor Stinfale

Mismas cámaras de televisión que junto al resto de los medios de comunicación hegemónicos se cargaron encima a las fiestas electrónicas. Analizando los discursos emitidos, estos medios prácticamente crearon un manual sobre como destrozar a las raves.

Lejos se los ve de cuestionar al aparato empresarial y su complicidad con los estamentos del Estado. De hecho, funcionarios del gobierno porteño fueron imputados junto a efectivos de la Prefectura Naval, que custodiaban el lugar esa noche. En pos de sus ganancias, dieron vía libre a que se desarrollaran todos los factores detonantes de la tragedia. Prefieren instalar la demonización enfocada solamente desde el consumo y de cómo la música electrónica “incentiva” a esto.

Errantes como cuando hablan de las violencias hacia la mujer: culpar a la víctima, obviar los victimarios e instaurar la responsabilidad solo en una persona que eligió consumir. Hoy están silenciados muchos puntos sobre esa noche: el excedente de personas (había 7 mil más de las permitidas), el deber de los funcionarios públicos que debían controlar hasta la ventilación que no hubo y hasta incluso la labor de los pocos socorristas para las 20 mil personas que había, que encima no tenían experiencia en primeros auxilios, según consta la misma causa judicial.

Las propias familias de las víctimas cuestionan el intento de la Justicia de responsabilizar a los fallecidos a través de la pericia forense judicial que hablaba solo de “policonsumo”. Recién hace unas semanas llegó al país el cromatógrafo que debió ser comprado en Japón. Este aparato servirá para determinar con exactitud lo que las primeras pericias no lograron concluir: qué pasó realmente con los cinco jóvenes que esa noche perdieron la vida.

El 2016 fue el año en el que la cultura electrónica tocó un fondo muy profundo del que poco a poco estamos saliendo. A eso se le suma ese mismo año el caso de Tania Abrile en el Orfeo, que derivó en que la ciudad de Río Tercero prohibiera completamente las fiestas electrónicas por decreto. O el más cercano en 2017, con el rosarino Pablo Rielo, en Forja.

¿Qué nos cambió? Que desde entonces, para revertirlo, decidimos tomar la posta que el Estado no toma y que llevaremos a que les sea ineludible seguir obviando lo que pasa: su prohibicionismo tajante y su sesgo persecutor no está funcionando; y la falta de políticas públicas firmes para prevenir a la sociedad de consumos irresponsables siguen desencadenando consecuencias fatales para la sociedad.

Por un lado, los medios de comunicación que afianzamos tu derecho humano de acceder a la información para la toma de decisiones. A la par, las mismas ONGs, como PAF!, que lograron la manera de comenzar a hacer presencia en los ámbitos donde lxs individuxs que deciden consumir lo hagan sabiendo, informadxs y en plena conciencia de los riesgos.

Mientras el Estado se siga esquivando el foco en esto, vamos a seguir trazando la ruta sin importar el tiempo que nos lleve. Es redundante, pero es la clave: a mayor información, menos riesgos.